Quienes no tengáis la dicha de vivir en Cataluña no habréis podido apreciar la retransmisión en directo por la cadena pública autonómica – TV3- del concierto organizado por Omnium Cultural, asociación esta que gracias al Partido Socialista de Cataluña es “de utilidad pública”, ni de la campaña previa de difusión del acto, organizada por los medios públicos, ni de la secuela interminable de opinadores arrobados por “el empuje de la sociedad civil”; pero no es de eso de lo que quiero hablar, sino de la circunstancia de que el famoso concierto coincidiese con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un programa de pago a proveedores, el tercero, que ha sido muchísimo menos comentado.
El caso es que antes del 19 de julio las administraciones locales y autonómicas podrán presentar al Ministerio de Hacienda una relación de sus proveedores con los que no cumplen con los plazos de pago, para que el Ministerio les adelante el dinero correspondiente.
El Real Decreto Ley que regula el asunto y que tiene el bonito titulo de “medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros”, dedica la tercera parte de su contenido a especificar las condiciones a las que deberán someterse los ayuntamientos para conseguir el adelanto del dinero, y ni una sola línea a las medidas que las Comunidades Autónomas deberían cumplir para acceder a los mismos fondos.
La sorpresa de la lectura del Boletín me ha llevado a la prensa y lo que he leído no ha conseguido tranquilizarme. Al parecer el Sr. ministro de Hacienda es de la opinión que todo esta bajo control, y lo que magina es la redacción de una norma específica destinada a evitar que las Comunidades Autónomas aplacen o financien con cargo al Estado los pagos a sus proveedores, mientras dedican sus fondos a sostener su aparato político y de propaganda, y eso se conseguirá con la amenaza de ver su Hacienda autonómica intervenida por obra de la norma que prepara.
El hecho que se contemple abiertamente y por primera vez desde el aparato del Gobierno la intervención de la Hacienda autonómica, ya representa un avance, pero conociendo de la norma únicamente lo que en la prensa se publica, resulta evidente su equivocación.
Siguiendo el procedimiento previsto en el texto que regula el fondo de pago a proveedores, al que Cataluña, no tengáis dudas, se acogerá, el Estado iniciara los pagos a partir del próximo mes de octubre, mientras que el texto normativo que autorizaría al Gobierno a intervenir la Hacienda autonómica, caso que llegue a buen puerto y si se llegase a aplicar, no lo sería antes de año y medio o dos años; mientras tenemos por delante los fastos de tricentenario 1714 – 2014, con su relato repetido de humillación, expolio fiscal y afrenta política, todo ello con cargo a los impuestos que pagamos todos los españoles, sin que por otra parte el desarrollo de aquella nueva norma represente novedad alguna, porque el mecanismo de intervención de las CCAA, y por lo tanto de su Hacienda, ya está previsto en el art. 155 de la Constitución vigente; de manera que la noticia de su preparación ha sido acogida por el portavoz del gobierno de la Generalitat, como lo que es: petardeo de salón, un nuevo artefacto, poco serio, destinado a abundar, a oscurecer y a aplazar; mientras, se continua ofreciendo liquidez sin condiciones a Cataluña, que, como nos tiene acostumbrados, aprovechara el dinero que se le brinda para financiar su utopía de clases medias, de segregación y de venganza de agravios, quien sabe si pronto, irreversible.